Una decisión que respalda los derechos de artistas, autores y productores en Costa Rica
Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente el Proyecto de Ley No. 23702, titulado “Alivio de costos para establecimientos comerciales”, dejando el texto oficialmente archivado.
La iniciativa proponía que los comercios que utilizan música —ya sea de forma directa o indirecta para generar valor— no tuvieran que pagar licencias ni reconocer derechos a las entidades de gestión colectiva, lo que encendió alertas dentro del sector cultural.
Un debate sobre derechos y trabajo creativo
El proyecto fue cuestionado por contradecir compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de propiedad intelectual, así como por su impacto directo en los ingresos de quienes crean música.
Durante la discusión, diputaciones como Manuel Morales y Sofía Guillén justificaron su voto en contra apoyándose en criterios técnicos de instituciones como el Registro Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud y la Procuraduría General de la República.
A estas voces se sumaron otras diputaciones que destacaron la importancia del sector cultura y las condiciones ya complejas en las que trabajan muchas personas del gremio artístico.
El derecho de autor como principio
Uno de los puntos centrales del rechazo fue el reconocimiento del derecho de autor como un derecho humano, que el Estado debe proteger y garantizar.
Desde organizaciones como la ACAM, la AIE y Fonotica, se celebró la decisión, al considerar que una medida como la planteada habría debilitado la sostenibilidad económica de quienes trabajan en la música.
Diálogo abierto, pero con límites claros
Aunque el proyecto fue archivado, las organizaciones del sector señalaron su disposición a mantener el diálogo con los distintos actores que utilizan música en sus actividades comerciales.
Sin embargo, también dejaron claro que cualquier equilibrio debe respetar un principio fundamental: el derecho de artistas y creadores a recibir una remuneración justa por el uso de su trabajo.
En un contexto donde la música sigue siendo parte esencial de la economía y la vida cotidiana, la decisión marca un precedente sobre cómo se valora —y se protege— la creación en el país.